Colombia: carnicería, sinvergüenzura y miopía

Colombia: carnicería, sinvergüenzura y miopía

El clima de esperanza que se había difundido en Colombia en septiembre de 2016 es sólo un lejano recuerdo.

Entonces se pensaba que la firma de los “Acuerdos de La Habana” habría acabado  con la guerra civil iniciada hace más de 70 años (265.000 muertos sólo entre 1958 y 2020, según el Centro Nacional de la Memoria Histórica, CNMH).

El acuerdo incluía cinco puntos centrales: Desarrollo rural, Participación política, Entrega de las armas, Narcotráfico y Reparaciones materiales a las victimas.

De estos cinco puntos, identificados como elementos resolutivos del conflicto armado, se ha cumplido – parcialmente – sólo el que se refiere a la entrega de las armas.

Y la carnicería ha continuado.

La carnicería

Las cifras de las víctimas de desaparición forzada varían según las fuentes.

Para el CNMH son 80.472: casi 59.000 siguen desaparecidas, 8.100 han aparecido muertas, de más de 11.000 no se sabe el paradero pero hay información sobre su secuestro.

Para la Fiscalía General de la Nación son 54.046.

Para la Fundación Nydia Érika Bautista para los Derechos Humanos superan las 120.000.

En su “Cartografía de la desaparición forzada en Colombia” (2019), se lee: “El baile de cifras alrededor de la desaparición forzada invisibiliza las dimensiones reales de esta profunda cicatriz sin justicia, pero no es casual. El Estado no ha querido-logrado sistematizar la información, unificar criterios y bases de datos y poner en marcha mecanismos efectivos de búsqueda”.

Pero lo que más importa es que siguen aumentando los muertos, las desapariciones y los desplazados.

Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), en el primer semestre de 2021, 44.647 personas sufrieron desplazamiento forzado interno en Colombia.

El número de desplazados internos triplica las cifras del primer semestre del 2020.

Precisa el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados: Colombia es el primer país del mundo por desplazados internos: 8,3 millones de personas hasta finales de 2020”.

Las dinámicas que llevan al desplazamiento no sólo no se han parado, sino que continuan a profundizarse.

Los actuales desplazamientos se dan en el contexto de una profunda crisis política, económica, social y de derechos humanos, agravada por la presente pandemia.

La crisis ha encontrado dos respuestas.

La primera es el apoyo masivo de la población al paro nacional indefinido que comenzó el 28 de abril.

La otra, la brutalidad militar y policial, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional con los que el gobierno colombiano ha respondido al paro y a las demandas de la sociedad civil.

La brutalidad de la respuesta gubernamental permite entender el porqué de la persistencia del desplazamiento forzado.

La primera razón es la disputa por el control del territorio entre los grupos armados ilegales.

Se genera de la voluntad expresa del gobierno del actual presidente Iván Duque, y del uribismo que lo sustenta, de no cumplir los acuerdos firmados con las FARC, frustrando la oportunidad para la paz que podía brindar lo pactado en La Habana.

Este incumplimiento ha obligado a sectores de las FARC a retomar la guerrilla y toda la economía que gira a su alrededor.

Y frustró las posibilidades de lograr un acuerdo de paz con el ELN, la otra gran guerrilla histórica.

El paramilitarismo se extendio y consolidó en las zonas donde se retiraron las FARC-EP.

Grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominado Clan del Golfo, los Caparros, y otros, se disputan el control del territorio.

Se autofinancian con el narcotráfico, gozan del apoyo de transnacionales extractivistas y de la connivencia con el ejército.

La no implementación de los acuerdos firmados en la Habana para favorecer el campo y la economía campesina, ninguno de los apoyos a planes productivos alternativos acordados se ha concretizado, ha vuelto a estimular la extensión de los cultivos ilícitos.

Las dinámicas del desplazamiento forzado permiten controlar el territorio.

El control no se limita a las rutas de la ilegalidad.

Al interno de una estrategia contrainsurgente clásica, permite ejercitar tanto el control social como el control de los recursos existentes, para destinarlos a la explotación de las grandes empresas nacionales o internacionales.

La geografía del desplazamiento se aplica considerando los recursos minerales, metales o madera y los grandes proyectos extractivos o agroindustriales cuya explotación requiere eliminar las insurgencias y resistencias sociales. Incluye el despojo de las poblaciones campesinas, indígenas o afrodescendientes que habitan en los territorios codiciados.

Por ende, la expansión de la frontera extractiva a territorios a los que no había llegado por la presencia de la guerrilla o por la oposición social, es una de las causas del agravamiento de los desplazamientos.

Un pequeño ejemplo entre muchos posibles:

En el Norte del Cauca, el desarrollo de grandes empresas, de parques industriales y de zonas francas, mal convive con los territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes.

La estrategia del gobierno y de las clases dirigentes colombianas se aprecia, antes que nada, en la militarización del territorio, en el cual se han instalado bases de unidades móviles y de alta montaña, comisarías y retenes militares permanentes de la policía y del ejército.

A pesar de ello -o más bien precisamente por ello- se repiten las matanzas de líderes indígenas y aumenta el riesgo de desplazamiento de población afrodescendiente.

Los afrodescendientes están formalmente excluídos del supuesto desarrollo que conllevan los parques industriales, no tienen posibilidades de cultivar su cosmovisión, no gozan de derechos ni empleo, no existe para ellos ningún proyecto social.

Resultado: en el primer semestre de 2021, en el Cauca han habido 9 masacres, con 28 personas asesinadas entre indígenas y afrodescendientes.


La sinvergüenzura

Hace pocos días, Iván Duque, el sinvergüenza que ejerce como presidente, declaró ante la Asamblea general de la ONU: “Logramos la más importante reforma social de este siglo en Colombia y la aprobación de la más importante reforma fiscal en materia de recaudo, que llega al 1,8% de nuestro Producto Interno Bruto, fortaleciendo la regla fiscal de endeudamiento y la reducción del déficit, estableciendo una senda para estabilizar las finanzas públicas y asegurar una amplia red de protección social”.

Desde el pasado mes de abril, las manifestaciones y revueltas se prolongan precisamente por la propuesta de Duque de una reforma fiscal para cubrir el déficit económico relacionado con la pandemia de coronavirus.

Dadas las dimensiones de la protesta, en un primer momento Duque tuvo que dar marcha atrás pero, tras amainar las demostraciones por la fuerte represión desatada, volvió a imponer la reforma fiscal a principios de este mes septiembre.

Según la organización Human Rights Watch, “para reprimir se usaron tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada. La represión dejó 63 muertos, más de 1000 heridos y alrededor de 100 desaparecidos”.

El 22 de septiembre el “New York Times” respondía directamente a Duque:
La generación joven vive descontenta por la falta de oportunidades para estudiar y trabajar, y a la sombra de décadas de una guerra interna.

El 60% de los graduados de bachillerato no puede acceder a educación superior de forma inmediata.

La crisis económica mantiene a 22 millones de personas (de los 43 millones de habitantes) sumidas en la pobreza y a 7,4 millones en la pobreza extrema.

La respuesta del Gobierno nacional a las demandas de reivindicaciones han sido la brutalidad y la represión.

En el punto más álgido del paro, entre el 28 de abril y fines de junio de este año, hubo 63 homicidios a manos de integrantes de la fuerza pública…
Vimos jóvenes corriendo para refugiarse del Estad (Escuadrones Móviles Antidisturbios).

Vimos a miembros de la policía disparando contra los manifestantes.

Pero también vivimos la unión alrededor de las ollas comunitarias en las que se alimentaron cientos de personas que de otra manera habrían muerto de hambre” (Cómo honrar la memoria de los líderes sociales asesinados en Colombia – The New York Times nytimes.com).

Precisan las organizaciones gremiales colombianas:

el 64% de los colombianos trabaja en la informalidad;

el 18% en labores ilegales;

el 89% de los asalariados no tiene protección social;

el 47,1% gana menos del salario mínimo legal.

Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, sólo superado por Honduras.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz, 20 de septiembre de 2021), en 2021 han sido asesinados hasta ahora 124 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en casi toda la geografía colombiana (…) y se han contabilizado 72 masacres, con 258 víctimas.

La miopía (con más de una pizca de sinvergüenzura)


El 15 de agosto de 2021, la Sección Sudamérica del Servicio Europeo de Acción Externa (SEAE) ha comunicado al Parlamento Europeo que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia -entrado en vigor el 1º de agosto de 2021- no iba a ser suspendido.

Según Veronique Lorenzo, responsable de la Sección, “las violaciones de los derechos humanos son siempre inaceptables pero en Colombia no se ve que sean violados sistematicamente, por lo cual no hay algún motivo para aplicar la claúsula que eliminaría el TLC” (https://caracol.com.co/radio/2021/06/16/internacional/1623870684_044245.html).

Madame Lorenzo aveva precisato in un intervento precedente dedicato al TLC con il Mercosur, las razones de tanta obstinación: “Este acuerdo es fruto de 20 años de trabajo. Por lo tanto, es importante que sea considerado como un recíproco empeño con Países aliados naturales que en un mundo tan polarizado nos miran con siempre mayor atención” (“Bruxelles difende accordo Ue-Mercosur”, ANSA, 6 febbraio 2021).

Satisfechos y convencidos de tan brillante exposición los europarlamentarios, el TLC entre la UE y la Colombia goza de buena salud.

Buena pero no excelente, porque aún no ha sido ratificado por la mayor parte de los parlamentos nacionales, entre los cuales el italiano.

Rodrigo Andrea Rivas

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